22/04/2012
La cuenca Matanza-Riachuelo, un cuerpo de agua icónico y lamentablemente sinónimo de contaminación en Argentina, ha sido objeto de una larga y compleja batalla legal y ambiental. Durante dos décadas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantuvo una supervisión activa y directa sobre las tareas de saneamiento, un hecho sin precedentes en la historia judicial del país. Esta intervención, surgida a raíz de la demanda colectiva conocida como causa "Mendoza", buscaba garantizar un cambio estructural que abordara la grave situación ambiental y sanitaria de la cuenca y sus millones de habitantes. Ahora, un fallo reciente del máximo tribunal ha dispuesto la finalización de esa tutela judicial, pasando la responsabilidad total del proceso a manos del poder ejecutivo nacional.
La decisión de la Corte, comunicada en el marco de la causa "Mendoza" contra el Estado Nacional y otros por daños y perjuicios derivados de la contaminación, marca un punto de inflexión en la historia de esta cuenca. Los jueces fundamentaron su resolución en la convicción de que la intervención judicial cumplió su propósito fundamental: generar la reforma estructural necesaria. Según el tribunal, esta reforma se materializó principalmente con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), el organismo tripartito (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) diseñado específicamente para coordinar y ejecutar las acciones de saneamiento.
Para la Corte, una vez establecidas las bases institucionales y el plan maestro para el saneamiento, la continuidad del proceso recae en las autoridades administrativas y políticas. Consideran que el rol del poder judicial, en este caso, era impulsar y asegurar la creación de un marco legal e institucional robusto, y que ese objetivo ha sido alcanzado tras veinte años de seguimiento y exigencia.
¿Qué significa el fin de la tutela judicial?
La finalización de la intervención de la Corte Suprema implica que el seguimiento, la administración y la ejecución de las tareas de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo quedan exclusivamente bajo la órbita del Estado nacional y los organismos competentes, principalmente Acumar, sin la supervisión directa y constante del máximo tribunal. Esto cambia drásticamente el esquema de control que operó durante las últimas dos décadas, donde la Corte actuaba como garante último del cumplimiento de las metas y acciones establecidas en el PISA.
Durante la tutela judicial, la Corte recibía informes periódicos, convocaba a audiencias públicas, dictaba resoluciones específicas ante incumplimientos y, en general, ejercía una presión institucional constante sobre los distintos niveles del Estado (Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires) y las empresas responsables de la contaminación para que avanzaran en el saneamiento. Este mecanismo de control externo y de alto nivel fue considerado por muchos como crucial para los avances logrados hasta el momento, aunque reconocidamente insuficientes para resolver completamente la problemática.
Preocupaciones ante el nuevo escenario
La decisión de la Corte Suprema no ha estado exenta de críticas y fuertes preocupaciones desde diversos sectores. La principal inquietud radica en el contexto político y económico actual en el que se produce este traspaso de responsabilidad. Con la administración del presidente Javier Milei al frente del Estado nacional, existe un temor manifiesto de que el impulso y la financiación necesarios para continuar con el saneamiento se vean drásticamente reducidos o incluso paralizados.
Martín Sabbatella, exintendente de Morón y actual presidente del Comité de Cuenca del Río Reconquista (Comrec), un organismo similar a Acumar pero focalizado en otra cuenca del conurbano bonaerense, ha sido una de las voces más críticas. Sabbatella alertó públicamente sobre el riesgo que implica dejar el control del saneamiento en manos de un gobierno al que atribuye una postura de "negacionismo climático" y una política de "desfinanciación de las políticas públicas en materia ambiental".
Según Sabbatella, desde diciembre de 2023, Acumar ha sido víctima de la política de recortes impulsada por el actual gobierno, lo que él describe como el paso de la "motosierra de Milei". Estos recortes, afirma, están imposibilitando la concreción de políticas públicas esenciales para el saneamiento en toda la extensión de la cuenca. La preocupación se agrava, en su opinión, por las declaraciones y posturas públicas del presidente, a quien acusa de negar sistemáticamente el cambio climático y de haber avalado públicamente la contaminación de ríos por parte de empresas en alguna ocasión.
La tesis central de los críticos es que, si bien la justicia reconoce los avances obtenidos en el saneamiento durante la tutela judicial, la ausencia de ese control externo deja el futuro de la cuenca a merced de la voluntad política del gobierno de turno. Y en el contexto actual, temen que esa voluntad política no priorice el cuidado del ambiente ni la continuidad de la labor realizada durante años.
Consecuencias potenciales para la población y el ambiente
La falta de continuidad o el desfinanciamiento de las políticas de saneamiento tendrían consecuencias directas y negativas para los millones de habitantes que residen en la cuenca Matanza-Riachuelo. Las tareas de limpieza de ríos y arroyos, el control de vertidos industriales, la ejecución de obras de infraestructura esenciales (como redes cloacales y pluviales), la limpieza de las márgenes y el seguimiento de la salud de la población son aspectos críticos del PISA. Si estas acciones se debilitan o interrumpen, el riesgo de retroceso en los avances logrados es muy alto.
Los críticos, como Sabbatella, advierten sobre un posible escenario de desidia donde, sin control judicial, disminuya la vigilancia sobre las empresas contaminantes, se frenen las obras de infraestructura necesarias para la recolección y tratamiento de efluentes, y se detengan las tareas de limpieza y recuperación de los espacios ribereños. Todo esto, señalan, se traduciría inevitablemente en un empeoramiento de las condiciones ambientales y, por ende, de la calidad de vida de las personas que viven en la cuenca, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad.
La historia del Riachuelo es también la historia de una deuda social y ambiental. A pesar de los esfuerzos y la inversión de las últimas dos décadas, la cuenca sigue siendo un foco de contaminación significativo. La finalización de la tutela judicial, si bien puede interpretarse como el cierre de una etapa procesal, abre un nuevo período lleno de incertidumbre respecto a la continuidad y profundidad del compromiso estatal con el saneamiento. La responsabilidad ahora recae plenamente en el poder ejecutivo y los organismos técnicos, quienes deberán demostrar su capacidad y voluntad política para sostener e intensificar los esfuerzos necesarios para lograr, finalmente, una cuenca limpia y saludable.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué fue la causa "Mendoza"?
Fue una demanda colectiva iniciada en 2004 por un grupo de vecinos y organizaciones no gubernamentales contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y numerosas empresas, reclamando por los daños y perjuicios derivados de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo y exigiendo su saneamiento. Esta causa llevó a la intervención de la Corte Suprema en 2006 para supervisar el proceso.
¿Qué es Acumar?
Acumar es la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, un ente autárquico y tripartito creado en 2006 por ley. Está conformado por representantes del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su misión es implementar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) para la cuenca, coordinando acciones de control industrial, obras de infraestructura, monitoreo ambiental y sanitario, y gestión social.
¿Qué es el PISA?
El Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) es el documento que establece las metas, acciones, proyectos y plazos para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Fue elaborado por Acumar y aprobado por la Corte Suprema. Contiene lineamientos en áreas como la reducción de la contaminación industrial, la expansión de redes cloacales y de agua potable, la gestión de residuos, la limpieza de márgenes y el monitoreo ambiental y sanitario.
¿El Riachuelo está limpio ahora?
No, el Riachuelo y su cuenca aún presentan niveles significativos de contaminación, aunque se han logrado algunos avances en las últimas dos décadas gracias a las acciones impulsadas por Acumar bajo la supervisión judicial. El proceso de saneamiento es complejo y de largo plazo, y requiere la continuidad de inversiones y controles estrictos.
¿Quién controlará ahora el saneamiento?
Con el fin de la intervención de la Corte Suprema, el control y la ejecución del saneamiento recaen principalmente en el poder ejecutivo nacional, a través de Acumar y los ministerios y organismos con competencia en ambiente, obras públicas y salud, en coordinación con los gobiernos de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
¿Por qué hay preocupación por la decisión de la Corte?
La principal preocupación, expresada por diversos actores, se relaciona con el contexto político actual. Temen que la falta de supervisión judicial directa, sumada a políticas de ajuste fiscal y una posible menor prioridad gubernamental hacia el ambiente, deriven en una reducción del presupuesto y del impulso político necesario para que Acumar y otros organismos continúen y profundicen las tareas de saneamiento, poniendo en riesgo los avances logrados y la salud de la población.
¿Qué se espera ahora de las autoridades?
Se espera que el Estado nacional, la Provincia, la Ciudad y Acumar redoblen sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento estricto del PISA. Esto implica asegurar el financiamiento necesario, mantener y fortalecer los controles sobre las industrias, acelerar las obras de infraestructura pendientes y continuar con las tareas de limpieza y monitoreo ambiental y sanitario. Diversos sectores instan a que el compromiso con el saneamiento de la cuenca se mantenga como una prioridad de Estado.
La finalización de la tutela judicial sobre la cuenca Matanza-Riachuelo abre un nuevo capítulo. La pelota está ahora, más que nunca, del lado de la gestión política y administrativa. El desafío es enorme y la mirada de la sociedad civil y los habitantes de la cuenca estará puesta en si el Estado logra sostener el rumbo hacia un ambiente más sano o si, por el contrario, se produce un retroceso que profundice la histórica deuda ambiental y social con este emblemático río.
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