02/01/2012
La emblemática empresa agroindustrial Vicentin, con casi un siglo de historia en Argentina, atraviesa uno de los momentos más críticos desde su fundación. Recientemente, la compañía anunció el cese de operaciones en sus plantas de Avellaneda y Ricardone, una medida drástica que pone de manifiesto la gravedad de su situación financiera y judicial, y que afecta directamente a un importante número de sus empleados.
Esta decisión surge ante la imposibilidad de continuar operando bajo la modalidad de “fazón”, es decir, procesando granos para otras empresas. La gerencia de Vicentin explicó que la incertidumbre generada por el prolongado proceso judicial ha llevado a sus clientes estratégicos a dejar de proveerles mercadería para procesar. La esperanza de la empresa radica ahora en que la Corte Suprema de Justicia logre destrabar y homologar el acuerdo de acreedores que fue previamente rechazado por la justicia provincial de Santa Fe.
Orígenes y Expansión de un Gigante
Fundada en 1929 en Avellaneda, Santa Fe, Vicentin SAIC se consolidó como un conglomerado industrial clave en el sector primario de exportación. Sus actividades iniciales se centraron en la industria oleaginosa, la extracción por solventes y el rubro textil. A lo largo de las décadas, la empresa experimentó una notable expansión, adquiriendo activos estratégicos como la Terminal de Embarque en San Lorenzo en 1987, sobre las márgenes del río Paraná, un punto neurálgico para la exportación de granos.
La diversificación fue una constante en su historia. En la década de 1990, incursionó en la comercialización directa de aceites de girasol y oliva. Ya en los 2000, fortaleció su presencia en el sector textil a través de Algodonera Avellaneda, invirtiendo en plantas de hilandería y tejeduría. Poco después, sumó a su grupo el complejo frigorífico Friar, convirtiéndose en un jugador relevante en el mercado cárnico, tanto para consumo interno con una extensa red de locales, como para exportación.
La expansión internacional también llegó, con la creación de Vicentin Paraguay S.A. en 2005. La empresa se involucró activamente en el sector de biocombustibles a partir de 2007, participando en un joint venture con Molinos Río de la Plata y Oleaginosa Moreno Hnos. para crear Renova biodiésel, una de las plantas más grandes de Sudamérica. Además, continuó invirtiendo en el rubro del algodón, inaugurando una planta para obtener algodón hidrófilo, y amplió su portafolio a agroquímicos, vinos, miel e insumos farmacéuticos.
El Inicio de la Crisis: Default y Concurso de Acreedores
La situación de “stress financiero” que desencadenó la crisis se hizo pública a fines de 2019, con deudas que oscilaban entre USD 1.300 y 1.500 millones. La empresa se declaró en default e ingresó en un proceso de concurso de acreedores.
Este evento puso bajo la lupa la gestión de la empresa y sus vínculos financieros. Se denunció que, durante los años previos, Vicentin había sido beneficiada con múltiples préstamos de dinero público a tasas preferenciales, especialmente por parte del Banco Nación, alcanzando cifras cercanas a los 18.000 millones de pesos. Este monto representaba un porcentaje significativo de la responsabilidad patrimonial del banco, superando límites prudenciales y generando acusaciones de “defraudación al Estado” contra funcionarios de la gestión anterior, incluyendo a Mauricio Macri y otros exfuncionarios. Se señaló que Vicentin había sido una importante aportante a la campaña de Cambiemos, lo que alimentó sospechas sobre la irregularidad de estos créditos.
La Batalla Judicial y el Acuerdo Frustrado
El concurso de acreedores se convirtió en un complejo laberinto judicial. En junio de 2022, la empresa logró un importante hito al obtener la aceptación de una mayoría de los acreedores (aproximadamente el 70%) para un acuerdo que implicaba el traspaso del control a un grupo estratégico formado por la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, su principal acreedor), Bunge y Viterra.
Sin embargo, este acuerdo no llegó a buen puerto. Fue recurrido judicialmente por un acreedor minoritario y, tras un largo procedimiento, la justicia provincial de Santa Fe, incluyendo su máximo tribunal, rechazó la homologación del acuerdo. Esta falta de homologación ha sido uno de los principales escollos para la normalización de la empresa.
Durante gran parte de este período, la empresa, impedida de comprar granos al estar concursada, se mantuvo operativa gracias a los contratos de fazón con ACA, Bunge y Viterra. Estas empresas, a pesar de contar con sus propias plantas, derivaban mercadería a Vicentin para procesar, permitiendo que la cerealera siguiera funcionando, pagara sueldos y evitara despidos. Sin embargo, esta operación consumió una “caja operativa” de aproximadamente USD 50 millones, según señalaron fuentes cercanas a la intervención.
Imputaciones, Denuncias y el Parate Actual
La situación se agravó recientemente. La justicia provincial dictó prisión preventiva por 120 días a cuatro exdirectivos de la firma: Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua. Fueron considerados miembros de una “asociación ilícita” que, según la Fiscalía de Delitos Complejos de Rosario, habría seguido operando en la etapa posterior al default para consolidar su poder, detraer fondos del grupo económico y entorpecer la investigación. Se mencionaron cifras millonarias desviadas para gastos personales y autoasignación de retiros voluntarios.
Estas decisiones judiciales, sumadas al agotamiento de la caja operativa y al “enrarecimiento” del proceso concursal, llevaron a los clientes de fazón (ACA, Bunge, Viterra) a cesar los contratos, alegando la imposibilidad de dar seguridad a los granos que ingresaban. Esto, a su vez, derivó en el anuncio del cierre temporal de las plantas de Avellaneda y Ricardone, dejando sin actividad a más de 1.000 trabajadores y generando gran incertidumbre sobre el pago de salarios.
Otras Controversias y Acusaciones
La historia reciente de Vicentin no se limita a la crisis financiera y judicial. La empresa ha estado rodeada de diversas controversias, incluyendo denuncias de facilitar el narcotráfico a través de sus puertos, con hallazgos de cocaína ocultos en cargamentos de exportación en varias ocasiones. También se ha visto involucrada en denuncias ambientales, como un derrame de azufre en su muelle del Río Paraná.
Más recientemente, se destapó un presunto esquema de lavado de dinero y evasión fiscal en coordinación con funcionarios de la AFIP y del poder judicial. Un exdirector de la AFIP en Rosario y Santa Fe, Carlos Andrés Vaudagna, declaró como arrepentido, revelando un entramado para eludir impuestos y blanquear dinero a través de mutuales y empresas fantasma. En este esquema se señaló la supuesta participación de empresarios, incluyendo al ex titular de Vicentin SAIC, Omar Scarel, y a un empresario de medios vinculado a la familia Caputo. Se imputó al juez federal Marcelo Bailaque, acusado de favorecer a la dirección de Vicentin en causas penales relacionadas con estafa. Se mencionaron maniobras para justificar fondos y el uso de testaferros.
A finales de noviembre de 2024, la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, convirtiéndose en la cuarta empresa en hacerlo bajo la presidencia de Javier Milei, lo que subraya la persistencia de sus dificultades.
Impacto en los Trabajadores y Posibles Salidas
La paralización de las plantas de Ricardone y Avellaneda afecta directamente a aproximadamente 1.500 trabajadores. La empresa ha manifestado no contar con los cerca de 4 millones de dólares necesarios para afrontar las obligaciones salariales completas.
Ante esta situación crítica, surgió una luz de esperanza: la Unión Agrícola Avellaneda y Bioenergias SA ofrecieron continuar con los contratos de fazón de girasol y etanol en las plantas afectadas. Vicentin comunicó que, de recibir confirmación formal de estos clientes y la aceptación por parte de los sindicatos y el personal, estaría en condiciones de reiniciar operaciones y abonar un adelanto del 25% de los salarios de marzo, comprometiéndose a otro adelanto a fin de mes. Esta posibilidad, aunque insuficiente para resolver la grave situación de fondo, podría representar un principio de acuerdo para mantener la actividad y aliviar la presión sobre los empleados, siempre y cuando los servicios esenciales como electricidad y gas no sean interrumpidos.
La apuesta principal de la empresa y de quienes intervienen en el proceso es que el caso pase a la justicia nacional y, en última instancia, llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se espera que este cambio de jurisdicción pueda destrabar el proceso y permitir la homologación del acuerdo con los acreedores estratégicos (ACA, Bunge, Viterra), facilitando así el traspaso del control y una posible reestructuración que permita la viabilidad futura de Vicentin.
El rechazo a la homologación del acuerdo mayoritario abrió la puerta a otros mecanismos concursales, como el “cramdown”, una figura que permite a los acreedores o terceros tomar el control de la empresa en default presentando una propuesta alternativa. Sin embargo, fuentes del sector señalan que en Argentina este mecanismo no suele tener resultados exitosos, lo que aumenta la incertidumbre.
Mientras tanto, la empresa, los trabajadores, los acreedores y el sector público permanecen a la espera de una definición judicial que ponga fin a años de litigios y permita encontrar una salida racional y sostenible para Vicentin, una empresa cuyo destino impacta fuertemente en la economía regional y nacional.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Vicentin
¿Qué pasó con la empresa Vicentin?
Vicentin, una importante agroindustrial argentina, entró en default en 2019 por deudas millonarias (USD 1.300-1.500 millones) y se declaró en concurso de acreedores. Ha enfrentado un complejo proceso judicial, el rechazo de un acuerdo con acreedores y recientemente cerró temporalmente sus plantas principales por falta de contratos para procesar granos.
¿Por qué Vicentin cerró sus plantas?
La empresa cerró sus plantas en Avellaneda y Ricardone porque se quedó sin contratos de “fazón” (procesamiento para otras empresas). Esto se debió a la incertidumbre generada por el proceso judicial, que llevó a sus clientes estratégicos a dejar de proveerles mercadería. La operación a fazón era la única que la mantenía activa.
¿Qué es el “fazón” en este contexto?
El “fazón” es un sistema por el cual una empresa que no tiene materia prima propia procesa la mercadería (granos, en este caso) de otras compañías a cambio de un pago por el servicio. Durante el concurso, Vicentin dependía de este sistema para seguir operando, pagar sueldos y mantener activas sus instalaciones.
¿Qué fabrica o produce Vicentin?
Vicentin es un conglomerado diversificado. Sus actividades principales históricamente han sido la molienda de granos y la producción de aceites vegetales. También opera en el rubro textil (algodón), cárnico (Friar), biocombustibles (Renova), agroquímicos, vinos, miel e insumos farmacéuticos.
¿Cuántos empleados tiene Vicentin o cuántos están afectados?
Las recientes medidas de cierre de plantas afectan a aproximadamente 1.500 trabajadores. La empresa ha tenido dificultades para afrontar el pago de salarios completos.
¿Cuál es la situación judicial de Vicentin?
La empresa está en concurso de acreedores desde 2019. Un acuerdo con la mayoría de los acreedores fue rechazado por la justicia provincial de Santa Fe. La empresa espera que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia para lograr la homologación. Además, varios exdirectivos enfrentan procesos penales, incluyendo prisión preventiva, acusados de asociación ilícita y malversación.
¿Qué es la “homologación” del acuerdo de acreedores?
La homologación es la aprobación formal por parte de un juez del acuerdo alcanzado entre una empresa concursada y sus acreedores. Una vez homologado, el acuerdo se vuelve obligatorio para todas las partes y permite avanzar en la reestructuración de la empresa.
¿Hay denuncias de corrupción o delitos asociados a Vicentin?
Sí, la empresa ha sido objeto de diversas denuncias. Se investigan presuntas irregularidades en préstamos recibidos del Banco Nación, vínculos con esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero, y acusaciones de facilitar el narcotráfico a través de sus instalaciones portuarias.
¿Qué es el “cramdown” y por qué se menciona en el caso Vicentin?
El “cramdown” es un mecanismo legal que permite, en ciertos casos de concurso o quiebra, que los acreedores o terceros presenten una propuesta de salvataje y tomen el control de la empresa si el deudor no logra homologar su propio acuerdo. Se menciona en el caso Vicentin como una posibilidad ante el fracaso de la homologación del acuerdo propuesto por la empresa y los acreedores estratégicos.
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